Ayer publiqué una reflexión que ha generado un debate amplio y estimulante: ¿qué conservar y qué elegir cuando hablamos de patrimonio?
En ese intercambio apareció un comentario que, en lugar de discutir los argumentos, equiparó la expresión “ética de la selección” con uno de los episodios más oscuros del siglo XX. No fue una crítica conceptual, sino un sofisma: una falsa analogía basada en una coincidencia verbal, no en una equivalencia histórica o moral. Y, además, un ejemplo claro de lo que la teoría de la argumentación denomina reductio ad Hitlerum: intentar desacreditar una idea asociándola retóricamente con el nazismo sin analizar su contenido real.
Conviene recordar que cuando yo hablo de selección en patrimonio no lo hago de personas, ni de identidades, ni de derechos. Hablo de bienes materiales, de edificios, de paisajes culturales, y de la asignación de recursos públicos que siempre son limitados. No existe ningún sistema patrimonial en el mundo que no opere mediante selección.
Y como el sofista que me acusaba ayer procedía de los Estados Unidos, la comparación resulta doblemente absurda, porque precisamente allí el sistema de preservación está estructurado explícitamente sobre criterios selectivos. El National Register of Historic Places establece categorías claras: asociación con acontecimientos significativos, vinculación con personas relevantes, valor arquitectónico o artístico distintivo, potencial informativo para la historia o la arqueología. No todo edificio antiguo es inscrito. La designación como landmark es una selección. La concesión de subvenciones federales o estatales para conservación es una selección. La aplicación de la Section 106 del National Historic Preservation Act obliga a identificar qué propiedades merecen consideración especial en cada proyecto. Incluso los criterios de integridad —localización, diseño, materiales, ejecución, ambiente, asociación— funcionan como filtros. Es decir, la selección es, en USA, el fundamento operativo de su sistema.
Lo mismo sucede en Europa, en América Latina y en cualquier democracia que gestione su patrimonio cultural.
Reconocer que el patrimonio es una construcción histórica y política no es relativismo ni autoritarismo implica asumir que cada generación decide qué recordar, qué proteger y con qué argumentos.
Vivimos, además, en un momento internacional delicado, en el que determinadas políticas injustas y segregacionistas están tensionando la armonía mundial y erosionando consensos básicos. Quizá, antes de proyectar acusaciones hacia fuera de los EE.UU., convenga a los norteamericanos afines a sus gobernantes actuales examinar críticamente los propios marcos políticos y culturales desde los que lanzamos acusaciones.
El debate sobre patrimonio merece altura intelectual. Y la selección, lejos de ser un pecado, es la condición misma de toda política cultural responsable.
Luis Cercos, Condé-sur-Risle, Francia, febrero de 2026.
En ese intercambio apareció un comentario que, en lugar de discutir los argumentos, equiparó la expresión “ética de la selección” con uno de los episodios más oscuros del siglo XX. No fue una crítica conceptual, sino un sofisma: una falsa analogía basada en una coincidencia verbal, no en una equivalencia histórica o moral. Y, además, un ejemplo claro de lo que la teoría de la argumentación denomina reductio ad Hitlerum: intentar desacreditar una idea asociándola retóricamente con el nazismo sin analizar su contenido real.
Conviene recordar que cuando yo hablo de selección en patrimonio no lo hago de personas, ni de identidades, ni de derechos. Hablo de bienes materiales, de edificios, de paisajes culturales, y de la asignación de recursos públicos que siempre son limitados. No existe ningún sistema patrimonial en el mundo que no opere mediante selección.
Y como el sofista que me acusaba ayer procedía de los Estados Unidos, la comparación resulta doblemente absurda, porque precisamente allí el sistema de preservación está estructurado explícitamente sobre criterios selectivos. El National Register of Historic Places establece categorías claras: asociación con acontecimientos significativos, vinculación con personas relevantes, valor arquitectónico o artístico distintivo, potencial informativo para la historia o la arqueología. No todo edificio antiguo es inscrito. La designación como landmark es una selección. La concesión de subvenciones federales o estatales para conservación es una selección. La aplicación de la Section 106 del National Historic Preservation Act obliga a identificar qué propiedades merecen consideración especial en cada proyecto. Incluso los criterios de integridad —localización, diseño, materiales, ejecución, ambiente, asociación— funcionan como filtros. Es decir, la selección es, en USA, el fundamento operativo de su sistema.
Lo mismo sucede en Europa, en América Latina y en cualquier democracia que gestione su patrimonio cultural.
Reconocer que el patrimonio es una construcción histórica y política no es relativismo ni autoritarismo implica asumir que cada generación decide qué recordar, qué proteger y con qué argumentos.
Vivimos, además, en un momento internacional delicado, en el que determinadas políticas injustas y segregacionistas están tensionando la armonía mundial y erosionando consensos básicos. Quizá, antes de proyectar acusaciones hacia fuera de los EE.UU., convenga a los norteamericanos afines a sus gobernantes actuales examinar críticamente los propios marcos políticos y culturales desde los que lanzamos acusaciones.
El debate sobre patrimonio merece altura intelectual. Y la selección, lejos de ser un pecado, es la condición misma de toda política cultural responsable.
Luis Cercos, Condé-sur-Risle, Francia, febrero de 2026.
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